Fujimori declara por cargos de corrupción

LIMA (AP) - La justicia interrogó el viernes al ex presidente Alberto Fujimori por el supuesto allanamiento ilegal, en noviembre del 2000, a la casa de la esposa de su entonces jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
"El (Fujimori) asume su responsabilidad en lo que le corresponde", dijo a la prensa el abogado del ex mandatario, César Nakazaki, al término de la sesión.
El interrogatorio duró cuatro horas y se realizó en el cuartel policial donde se encuentra recluido el ex gobernante desde que fue extraditado de Chile el 21 de septiembre.
Según la acusación del fiscal, se investiga a Fujimori por presuntamente haber ordenado un allanamiento ilegal en noviembre del 2000, en el departamento de la esposa de Montesinos, quien dijo que un grupo de hombres sacó más de 50 cajas y 50 maletas, posiblemente conteniendo videos y cintas de audio que incriminaban al ex presidente.

Fujimori gobernó Perú entre 1990 y el 2000.
Nakazaki dijo que su defendido "contestó a todas las preguntas y ha esclarecido su participación" en el operativo, que se realizó al aducir que el Estado buscaba a Montesinos para entregarlo a las autoridades, por acusaciones de corrupción.
El abogado agregó que Fujimori "ha determinado lo que lo motivó a realizar la acción", y aseguró que "ha esclarecido que no se encontraron videos".
Añadió que la fiscalía realizó alrededor de 30 preguntas, y que su representado se mostró "tranquilo y claro".
Nakazaki explicó que no se prevé realizar otro interrogatorio, y que la sentencia en este rápido proceso por corrupción podría darse en tres semanas.
La fiscalía ha solicitado 7 años de detención para Fujimori.
Al menos un centenar de seguidores de Fujimori se mantenía a unas dos cuadras del lugar, resguardados por efectivos policiales, y coreando frases de apoyo al ex mandatario.
Fujimori tiene otros cuatro juicios por corrupción y dos por derechos humanos.
El más importante es por violación a los derechos humanos por ser presunto coautor de dos matanzas, la de Barrios Altos, en 1991, y la Cantuta, en 1992, y en las que un grupo paramilitar asesinó a 25 personas, en medio de la lucha contra la guerrilla durante su gobierno